El Proyecto agrupa tres elementos fundamentales: fortalecer el rol de la fiscalización, ver cómo se persigue a los delincuentes de este delito y cambiar la carga de prueba respecto a quien es portador de animales o partes de estos y que tienen procedencia ilegal.

Monsalve explicó que respecto a la fiscalización, se cambia la guía de libre tránsito por el Formulario de Transporte Animal, que permite tener información más precisa respecto al transporte de animales, fortaleciendo a la vez las condiciones fiscalizadoras de los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero.

Con relación a quien comete el delito de abigeato, se entregan facultades al Ministerio Público para hacer uso de lo mismo que contiene la Ley 20.000 de tráfico de drogas y estupefacientes; ya que en el abigeato hay asociación ilícita, entre quien roba, el que faena, transporta, quien vende y quien compra. Y que aquellos que tienen animales de origen desconocido o ilegales sea considerado como comisión de delito.

“Al gobierno no le ha ido bien en la batalla contra la delincuencia y si este problema es grave en las zonas urbanas, en el sector rural el problema es mucho más complejo, por la menor presencia de carabineros y la distancia para efectividad policial”, dijo el diputado Manuel Monsalve.

“La sensación de indefensión de las personas que viven en zonas rurales se traduce en impunidad, particularmente cuando son víctimas del delito de abigeato, cifras basadas en la realidad. El año 2009, de los 8 mil casos que fueron vistos en el Ministerio Público, sólo hubo sentencia respecto al 3 por ciento de ellos, con 6000 denuncias y 13.500 cabezas de ganado sustraídas”, argumentó.