El diputado Socialista, Manuel Monsalve, partió explicando que el convenio 169 de la OIT, que protege el derecho de los pueblos originarios en Chile y que está ratificado por el Parlamento, obliga al Estado chileno, tanto al gobierno como Parlamento, a respetarlo a cabalidad.

Teniendo presente este contexto, el legislador advierte que el proyecto de ley de pesca del gobierno que busca regular el sector pesquero, afecta en forma directa los derechos culturales y económicos de las comunidades mapuches-lafquenches que viven ancestralmente en el borde costero del sur de Chile.

“A pesar de ser tan evidente que este proyecto los afecta, estas comunidades no han sido escuchadas por el Legislativo y se ha desconocido la obligación de consulta y el gobierno ha dicho que este es un proyecto de ley que no requiere consulta. Pero nosotros tenemos la convicción de que está equivocado”, señala el diputado Monsalve.

Recordó que el gobierno ha influido para declarar inadmisible dos indicaciones que se propusieron; una para reconocer dentro del marco de la ley de pesca la existencia de los pueblos originarios que están organizados en comunidades y asociaciones y otra que reconocer el derecho que estos tienen para poder hacer uso de los recursos hidrobiológicos del borde costero.

“La ley de pesca que se está aprobando en el Congreso no reconoce la existencia de los pueblos originarios ni su derecho a extraer recursos hidrobiológicos y esto nos parece una falta gravísima del proyecto y por eso vamos a recurrir a todas las instancias administrativas y legales, tanto a nivel nacional, como internacional”, anunció el legislador PS.

Asimismo, explicó que solicitarán un pronunciamiento formal del Presidente de la Cámara de Diputados, consultándole porqué un poder del Estado no está cumpliendo con la obligación del convenio 169 de la OIT, instancia a la cual también se recurrirán, al igual que al Instituto Nacional de Derechos Humanos, “porque se están vulnerando derechos esenciales de los pueblos originarios en Chile”, insistió.

Por su parte, Iván Carilao, consejero nacional de la CONADI, quien anunció que hicieron llegar una carta de descontento a las máximas autoridades del Parlamento, por la forma en que se ha tramitado el proyecto de ley de pesca, señaló que en ella manifiestan su “profundo repudio por ser discriminados, ya que con la aprobación de esta normativa se da una bofetada a los pueblos originarios”. Agregó que “hoy el gobierno con las maniobras anti-mapuches que está implementando nos están negando nuestros recursos”.

Por último, Carilao destacó que “con su actitud, el gobierno y el legislativo está incitando a la violencia. Dicen que somos violentos y con esta ley nos están diciendo que sigamos en esa vía. Por eso, no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir e insistimos en que se están aprobando medidas discriminatorias y racistas, que vulneran una vez más los derechos que el propio Estado ha reconocido”.