El municipio Cañetino compró a trato directo un terreno en Cayucupil con la finalidad de ser el lugar dónde se instalarÃa una futura planta de tratamiento de aguas servidas, la compra fue consultada a los concejales, pero sólo eso, ya que el contrato se realizó sin que el Concejo aprobara en algún momento la compra, por la que se gastaron 30 millones de pesos de las arcas municipales.
En un oficio, con fecha 26 de junio, la  ContralorÃa ordenó a la municipalidad designar un equipo investigativo para perseguir responsabilidades. Orden que surgió desde el ente fiscalizador, luego de que el Concejal Cristian Medina (UDI), diera a conocer los antecedentes del hecho y solicitara a la ContralorÃa un procedimiento sumarial para determinar responsabilidades administrativas.
Ante tal presentación, la municipalidad respondió a ContralorÃa acompañando antecedentes que no dejaron conformes a la entidad fiscalizadora, pues según lo expresado en el oficio antes mencionado, no consta que se hubiere autorizado y justificado la adquisición por vÃa directa, tal como ocurrió en este caso.
“Los antecedentes acompañados aparece que el respectivo concejo aprobó, en su oportunidad, la adquisición del terreno individualizado como lote 25 en el plano de subdivisión del fundo Santa Elena de Cayucupil, en la comuna de Cañete, de propiedad de las señoras Ana Madrid Canivilo y Marla Rivera Herrera, por un monto de $30.000.000 (treinta millones de pesos), sin embargo, no consta que se hubiere autorizado y justificado debidamente el procedimiento de contratación, que esta Entidad de Control entiende que fue realizado mediante trato directo, por lo que la actuación de la Municipalidad de Cañete no se ajustó a derecho”, se lee en el oficio.
Cabe recordar que entre las atribuciones esenciales de las municipalidades se encuentra la de adquirir bienes inmuebles, la cual ha de ejercer el alcalde con acuerdo del Concejo Municipal.
En conversación con el concejal Cristian Medina (UDI), recordó que, “lo que nos fue consultado a los concejales fue la compra de terreno y no asà la cesión de derechos del terreno, aparte no se hicieron los estudios de tÃtulos previos, lo que considero una falta considerable, hubo negligencia, inoperancia; acciones que ahora ratifica ContralorÃa con nuestra acción presentada”.
En tal sentido, la ContralorÃa instruyó al municipio cañetino un procedimiento disciplinario a fin de investigar y perseguir las responsabilidades que le cabe a aquellos de intervinieron en la decisión de adquirir mediante trato directo el 50% de las acciones y derechos y no la totalidad del bien raÃz, determinar si hubo negligencia en la realización del estudio de tÃtulos requerido al efecto y precise qué fue lo que se informó al Concejo Municipal en los término anotados, remitiendo copia del decreto que disponga su instrucción a la Unidad de Seguimiento de la FiscalÃa de la ContrarÃa General de la República, antes del 30 de julio del presente año.
“El tema de las contrataciones directas se ha vulnerado completamente, son acciones de excepciones pero aquà se planifican y realizan, ya lo adoptaron como modus operandi, lo que pone en tela de juicio al equipo asesor y de confianza de la administración actual, pero es el alcalde el que tiene que responder a estos juicios”, reflexionó Medina, a tiempo que señaló que la tarea pendiente es “prever, ordenar y planificar y acá eso no lo hemos visto”, recalcó el concejal.
